La destitución e inhabilitación
de Petro, en definitiva, es un caso que ha suscitado, además de grandes
controversias e incertidumbres, la adopción de medidas apresuradas del orden
administrativo, político y judicial. Lamentablemente, en este caso, la
celeridad no ha sido sinónima de eficacia y precisión, pero sí ha obtenido
resultados homólogos, pero adversos, como la ligereza o liviandad en la
argumentación.
Desde la resolución disciplinaria
de la Procuraduría, seguida por el rechazo de la recusación y ratificación de
la decisión, hasta la avalancha de tutelas, la resolución de una de ellas,
pasando por el llamamiento al poder
constituyente desde el Palacio de Lievano; todas estas actuaciones han sido
concebidas desde la premura del resultado, sin importar la reciedumbre del
argumento y la previsión de las consecuencias desfavorables.
Napoleón, quien aportó más a la
humanidad como compositor de aforismos que como hombre de Estado, sentenció en
un momento de flaqueza del contrario: “Nunca interrumpas a tu enemigo mientras
está cometiendo un error”. Y claro, porque la impaciencia de levantar la voz
contestataria antes de la construcción y robustecimiento del argumento, opaca y
ensombrece la magnitud de los yerros que el rival puede estar cometiendo; además
potencializa las probabilidades de interrumpirlo antes de que cometa el error
más grande. En el silencio, en cambio, no hay palabras de las cuales
arrepentirse. Es muy difícil rectificar una actuación y reencauzar el rumbo del
discurso cuando el oponente observa sosegadamente.
En Bogotá pareciera que en este
conflicto discursivo e ideológico, el cual es admisible y necesario para una
democracia que se jacta de ser pluralista y abierta, el único que atiende la
sentencia napoleónica es el Procurador quien, sin nada que arriesgar, ve desde
las ventanas de la sexta con Jiménez cómo sus rivales cometen errores.
Y Petro no se equivoca al
considerar que la decisión disciplinaria es arbitraria, injusta y
desproporcionada. El Alcalde, y por supuesto sus seguidores, se equivocan es en la
elección de los medios y la construcción del argumento que busca subsanar las
aberraciones del Procurador.
Acude al sistema interamericano
de derechos humanos a buscar una protección multinivel de sus derechos
fundamentales aduciendo que en el Estado colombiano no encuentra garantías para
ello. Pero de forma concomitante atiborran de expedientes los despachos
judiciales (cerca
de 1500 tutela fueron presentadas para objetar la resolución disciplinaria)
en una jugada estrategicamente riesgosa desde el punto de vista jurídico.
Básicamente
por dos razones. En primer lugar, porque pone en controversia la gravedad,
urgencia e irreparabilidad del daño que se le está causando, toda vez que al
día de hoy (sin existir un pronunciamiento sobre las medidas cautelares de la
CIDH) el perjuicio ha sido reparado, aun cuando sea provisionalmente. Y en
segundo lugar, porque la “tutelatón” suscitó un pronunciamiento judicial
inconsistente que, si bien logró suspender los efectos de la decisión
disciplinaria, sus defectos y debilidades a nivel argumentativo son profundos (no
dejar de revisar el análisis de la Silla Vacía al respecto) y aumenta las
probabilidades que la sala que deberá definir la primera instancia, en la
segunda instancia o en la posible selección que haga la Corte Constitucional de
ella, se revoque la decisión. Esto traerá como consecuencia un posible pronunciamiento
adverso por parte de este último tribunal, el cual afectará la cosa juzgada y
por consiguiente la expectativa de una tutela de los derechos fundamentales de
Petro y sus tutelantes seguidores.
A lo anterior debe sumarse las
consecuencias, no previstas pero previsibles, del hecho que sea el Consejo de
Estado el que conozca en segunda instancia el proceso instruido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. No se puede olvidar
algo que es de amplio conocimiento por la opinión pública y es que el Consejo de Estado se encuentra
cooptado por un sector más cercano a Ordoñez que a la justicia y ello podría
afectar sustancialmente la imparcialidad en la decisión.
Lo preciso hubiera sido, sacrificar el afán y la premura por la sobriedad y la calma para, así, construir
una estrategia jurídica fuerte, concisa y sólida que, por su carga
argumentativa y no por su prioridad mediática, hubiese logrado un fallo inexpugnable
e inquebrantable para que, en caso de querer hundirlo, la única forma fuera el
desconocimiento del Estado de derecho. Y por supuesto, no interrumpirlos
mientras cometen un error. Ahora no. Se obtuvo un resultado favorable para las
pretensiones de Petro y sus seguidores, pero con un pronunciamiento
indefendible.
Lo anterior demuestra que el
ímpetu de las pasiones puede no ser el mejor consejero para asumir un discurso
riguroso y robusto sobre afectación de los derechos fundamentales, pues
mientras la Plaza de Bolivar ruidosa exige y reclama justicia - cualquier
justicia -, en la quinta con Jiménez su fastidioso y nefasto habitante guarda
silencio esperando que el siguiente sea un equívoco de mayores dimensiones.
